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Entendiendo la Evolución de la Deuda Pública en Michoacán

Por: Víctor Manuel Tinoco Ortiz

 

Se ha hablado tanto de la deuda pública del Estado de Michoacán que seguramente la mayor parte de la población ya no sabe que creer. Deuda, pasivos, activos, corto plazo, largo plazo, amortizaciones, intereses y bursatilización son algunos de los términos que comúnmente aparecen en la discusión de la situación financiera de nuestro estado. La realidad es que la totalidad de estos conceptos tienen una explicación verdaderamente simple. Sin embargo, aprovechando que la mayor parte de los michoacanos desconoce los principios básicos de contabilidad, algunos políticos han aprovechado esta realidad para manejar la información de manera tendenciosa y muy a su conveniencia.

 

A principios del año 2002 el licenciado Tinoco Rubí terminó  su mandato constitucional al frente del gobierno del estado de Michoacán y entregó al Congreso la cuenta pública correspondiente al último año de su administración, el 2001. La cuenta pública es el documento que contiene los estados financieros del gobierno del estado correspondientes al año que concluye. En la cuenta pública se detalla la evolución del estado de situación financiera y de algunas cuentas de ingresos y egresos más importantes desde entonces. Como se puede observar son una gran cantidad de cifras. Para evaluarlas haremos un análisis cronológico. Tratándose de las obligaciones de pago a cargo del gobierno, es importante hacer énfasis en la importancia que reviste analizar la totalidad de los pasivos del gobierno del estado y no solo la deuda contraída con los bancos. Lo anterior tiene particular relevancia debido a que durante las administraciones perredistas, se hizo uso de algunas “técnicas contables” que alteraron algunas cuentas del estado de situación financiera haciendo creer a la opinión pública que la deuda del gobierno era menor a la real.

 

La primera de las maniobras contables se presenta en la primera cuenta pública en el año de 2002. En ella manifiesta que la administración anterior distorsionó los resultados del año 2001 reduciendo el déficit contable de 538 millones a 291 millones. Derivado de la descentralización del sector educativo, durante la administración del licenciado Tinoco el gobierno estatal tuvo que hacer frente a los compromisos de pago que el gobierno federal dejó de cubrir. Sin embargo, derivado de un acuerdo suscrito con la federación, el gobierno del estado tenía la facultad de recuperar dichos recursos debido a que el acuerdo de descentralización prometió no afectar las finanzas de los estados. A pesar de la existencia de dicho convenio, el entonces tesorero decidió quitar del estado de situación financiera el activo que reflejaba la cuenta por cobrar ante la federación y directamente lo mandó a gasto incrementando el déficit del ejercicio del año 2001.

 

Curiosamente, el mismo año en el que realiza dicha maniobra el ex tesorero registró una cuenta de orden en el estado de situación financiera por el orden de 1,800 millones de pesos titulándola “Gestión de Recuperación de Gasto Educativo”. Si se estaba realizando una gestión ante la federación era porque se tenían elementos para hacerla. Este manejo de cuentas de orden sería mas adelante uno de los instrumentos preferidos de la Tesorería  para alterar los estados financieros del gobierno del estado.

 

El primer incremento súbito de los pasivos se da en el año de 2003 cuando el gobierno del antropólogo Cárdenas Batel contrata 1,500 millones de pesos. Para formalizar dicha contratación, en el mismo año se promulga la Ley de Deuda Pública del Estado de Michoacán de Ocampo que en su artículo segundo establece que los recursos obtenidos por deuda debían destinarse a inversiones públicas productivas. A pesar del objetivo específico para el cual la ley autorizaba la contratación de deuda, en ninguna cuenta pública posterior se detalló el destino de los recursos. Adicionalmente, en el estado de situación financiera presentado en la cuenta pública de ese mismo ejercicio surge la extraña cuenta de activos “Cargos por aplicar” que carece de todo sustento contable ya que engloba el monto de deuda contratada. Recordemos que un activo es algo a favor de la entidad y una obligación de pago claramente no puede ser considerada un activo. En todo caso, el movimiento correcto hubiese sido incrementar las cuentas bancarias por el dinero proveniente del crédito y abonar a una cuenta de pasivo para dejar registro que dicho dinero provenía de una deuda. La intención de dicha maniobra alteró el estado de situación financiera de la entidad. Debido a que la lógica que desarrolló el entonces tesorero fue ir disminuyendo la cuenta de “Cargos por aplicar” conforme se fuera pagando la deuda, este activo pudo servir como una barrera para evitar ver como el saldo en bancos cambiaba. Seguramente para evitar malos entendidos el ex tesorero tuvo a bien contratar un auditor externo para lograr según sus términos: “...Otorgar un valor agregado a la información reflejada en la cuenta pública de la hacienda estatal...”. Desgraciadamente, la contratación de la prestigiada firma Price Waterhouse Coopers se llevó a cabo a partir del ejercicio 2005 y por algún extraño motivo los resultados de dichas auditorías jamás se hicieron públicos. Precisamente en el 2005 el ex gobernador Cárdenas Batel vuelve a solicitar un crédito por otros 1,500 millones sin haber precisado el destino del primer empréstito. En este punto vale la pena hacer una pausa y preguntarse por qué la necesidad de contratar un despacho de auditoría externa. ¿No cuenta el gobierno con los órganos de fiscalización que permitan corroborar el apego de la cuenta pública con la realidad? La respuesta es si y no. Si cuenta el gobierno con la Auditoría Superior de Michoacán la cual incluso depende orgánicamente de un poder independiente al ejecutivo, pero al igual que la Contraloría del Estado ninguna cumple su objetivo. En ambos casos el nombramiento de sus titulares depende directa o indirectamente del gobernador en turno, lo que les impide ser imparciales. También se tiene al Congreso que todos los años tiene la oportunidad de evaluar la cuenta pública del año anterior. Pero como se verá mas adelante, éste no ha cumplido su función de manera adecuada.

 

En marzo de 2007, previa autorización del Congreso a través del Decreto número 112, el gobierno del estado reestructuró el 96.90% del total de la deuda que mantenía con la banca. El entonces tesorero justificó dicha operación bajo el argumento que liberaría recursos para la entidad gracias a una mejora en las condiciones financieras en términos de plazo, tasas de interés y perfil de amortizaciones. Lo que los señores diputados jamás preguntaron al autorizar dicha reestructuración fueron los detalles de las nuevas condiciones. De particular interés público hubiese sido conocer que los nuevos plazos de vencimiento de dicha reestructuración alcanzarían los 30 años y que tendrían un perfil de amortizaciones creciente. Lo anterior tiene dos repercusiones directas. En primer lugar se afectó el presupuesto de las próximas 6 administraciones por un monto considerable. En segundo lugar, la naturaleza creciente de las amortizaciones obligaría a pagar más a los gobiernos futuros. Quizás en caso de un desastre natural que hubiese afectado infraestructura vital del estado o una inversión millonaria que de aplazarse pusiera en riesgo a la población hubiera justificado dichas condiciones. ¿Qué inversión vital justificó comprometer el presupuesto de las próximas administraciones? Nadie supo, seguramente nadie sabrá. Pero este era solo el comienzo.

 

En el año de 2007 también comienza un fenómeno que permitió que llegásemos a la situación financiera que actualmente nos aqueja: la adecuación de la Ley de Deuda Pública a los caprichos del poder ejecutivo estatal. Al tratar de reestructurar la deuda a la que se ha hecho referencia anteriormente, el gobierno del estado encontró un pequeño inconveniente en el artículo 117 constitucional que en su fracción VIII establece: ”..Los estados y los municipios no podrán contraer obligaciones o empréstitos sino cuando se destinen a inversiones públicas productivas…”. Una de las consecuencias de tal disposición es que no se puede contratar deuda para pagar deuda, que era precisamente la finalidad de la reestructuración. Como la secretaría de finanzas no tenía la facultad de cambiar la Constitución Política de nuestro país, decidió en su lugar hacer uso de la buena disposición del Congreso local para “clarificar” la ambigua definición de lo que representaba una inversión pública productiva. De esta forma, el 6 marzo del 2007 el Congreso del Estado le obsequió al ex gobernador Batel una adecuación al artículo 5º de la Ley de Deuda Pública para quedar como sigue: “…se entiende por inversiones públicas productivas las destinadas a la ejecución de obras públicas, adquisición o manufactura de bienes y prestación de servicios públicos, así como cualesquiera obras o acciones que en forma directa o indirecta produzcan beneficios para la población, generen o liberen recursos públicos o produzcan incremento en los ingresos de las entidades, incluyendo las acciones para refinanciar o reestructurar deuda a cargo de las entidades.” Listo, ahora si se podía pagar deuda con deuda.

 

Adicionalmente a lo anterior, la secretaría de finanzas considero oportuno darle a la Ley de Deuda Pública otra retocadita aprovechando la buena disposición de los diputados. Quizás considerando el tedio de tener que estar justificando ante el Congreso sus constantes requerimientos de endeudamiento, el ejecutivo  formuló una solicitud tan elocuente que la Legislatura en turno no tuvo más remedio que aprobarla. Mediante el decreto 163 el Congreso autorizó al gobierno del estado y a los municipios contratar deuda directa (bancaria) a corto plazo siempre que su vencimiento y liquidación se realizara dentro del ejercicio anual para el que se hubiese contratado y que no excediera del cinco por ciento de su presupuesto de egresos anual. Si alguna entidad encontraba tales condiciones demasiado restrictivas, también se legisló para permitir contratar deuda directa cuyo vencimiento y liquidación se realizara seis meses antes del término de la administración estatal o municipal que la hubiese contratado y que su monto neto no excediera del cinco por ciento de los ingresos ordinarios anuales de la entidad. La deuda contratada bajo cualquiera de las modalidades anteriores no podría ser refinanciada o reestructurada. Finalmente, para que no hubiera reclamos futuros se hizo explícito que las entidades que contrataran deuda bajo las modalidades expuestas no requerirían la autorización del Congreso ni para su contratación ni para el otorgamiento de garantías. A los siete meses de las reformas expuestas anteriormente, en septiembre del 2007 el Congreso del Estado modificó nuevamente la ley de Deuda Pública para otorgarle la facultad al gobierno del estado de contratar deuda directa de corto plazo sin la autorización previa del Congreso y solo sujeta a que: 1) El plazo no excediera de 180 días ni el periodo constitucional de la administración que contrato la deuda. 2) En todo momento el saldo insoluto de dicha deuda no excediera del 5% de los ingresos ordinarios de la Entidad. 3) Dicha deuda no fuera refinanciado o reestructurada y 4) Que no se afectaran en garantía las participaciones federales del estado.

 

Permitir al gobierno del estado contratar deuda a corto plazo sin la autorización del Congreso dio lugar a contrataciones de deuda por montos que el titular de la secretaría de finanzas sabía serían imposibles de pagar en el plazo autorizado. Posteriormente se habría de hacer costumbre pasar la responsabilidad al Congreso para que autorizara la reestructuración de dichas deudas ante la imposibilidad de pagarlas. En el 2007 la Ley de Deuda Pública también se adecuó para permitir la bursatilización del impuesto a la nómina. La promesa sobre el destino que tendrían los recursos obtenidos por la bursatilización fue sumamente ambigua. Para rubros como desarrollo rural, estructura agrícola, desarrollo urbano, equipamiento y ampliación de la infraestructura hospitalaria entre otros se comprometieron 2,000 millones de pesos. Para reconstrucción, mantenimiento y conservación de la red carretera estatal fueron 1,500 millones. Sobra decir que la relación puntual, expedientes técnicos o montos específicos por obra jamás se dieron a conocer ni a los diputados que integraban las comisiones encargadas de fiscalizar el destino de dichos recursos y mucho menos a la opinión pública.

 

Hagamos una pausa para entender en que consiste la bursatilización del impuesto a la nómina. En lugar de obtener recursos de un banco, la bursatilización permite obtener recursos de inversionistas a través de la Bolsa Mexicana de Valores. Dichos inversionistas compraron los certificados bursátiles emitidos por el gobierno y obtuvieron la garantía de que su pago se realizaría mediante los recursos obtenidos a través del cobro del  impuesto a la nómina. De esta forma, el gobierno del estado calculó que cobrando durante 30 años el 2% a todo sueldo pagado en Michoacán se saldaría el compromiso financiero. Al ex tesorero le encantaba decir que no debía compararse la bursatilización con la deuda pública ordinaria del estado haciendo énfasis en que la bursatilización era deuda “sin recurso”. A lo que el ex tesorero se refería era a que los acreedores (quienes compraron los certificados bursátiles) no tenían recurso en contra del gobierno ya que el fideicomiso creado para dar servicio a la deuda sería el instrumento responsable de la captación del impuesto a la nómina y de pagar a los acreedores. Lo que no pregonaba con tanta insistencia el ex tesorero eran las condiciones a las que estaba sujeto el esquema. Condiciones que como se explicara más adelante, están a punto de incumplirse y dar lugar a graves consecuencias financieras. Tal fue su deseo de separar el efecto de la bursatilización que en el año 2007 el ex tesorero prefirió quitarlo de los pasivos del estado de situación financiera y crear lo que ya comenzaba a ser costumbre: una nueva cuenta de orden llamada “Bursatilización 2% sobre nómina”. Contablemente, independientemente de la fuente con la que deba cubrirse un adeudo, un compromiso de pago debe aparecer en los pasivos de una entidad. Al sacar la bursatilización de los pasivos logró reducir considerablemente el saldo de los mismos. Esto fue importante porque de manera simultánea otra cuenta de pasivos ya crecía de forma importante, la de Acreedores Diversos. Mientras toda la atención se centraba en los 3,500 millones de pesos de la bursatilización y el saldo por 2,600 millones derivado de las contrataciones de deuda bancaria contraídas en ejercicios anteriores, la cuenta de pasivo “Acreedores Diversos” impulsada primordialmente por la subcuenta “Pasivos por presupuesto ejercido” alcanzó un monto de casi 4,800 millones al final del 2007. La relevancia del monto y su incremento en más de 115% en solo un año no ameritó el mas mínimo comentario en la cuenta pública del ejercicio. Por increíble que parezca, los diputados encargados de dictaminar dicho ejercicio tampoco tuvieron la inquietud de exigir una respuesta. Como mas adelante se descubriría, esta cuenta ya comenzaba a reflejar los excesos de la contratación de deuda a corto plazo que el Congreso había permitido así como pasivos acumulados con proveedores del gobierno.

 

A los diputados que aprobaron el dictamen de la cuenta pública del último año de gobierno del ex gobernador Cárdenas Batel todo les pareció en orden. Los pasivos a corto plazo por 5,300 millones y la falta de explicación del destino de 2,600 millones de deuda bancaria contratada a largo plazo pasaron desapercibidos. No les pareció raro que a unos cuantos meses de dejar el gobierno, la administración saliente adquiriera nuevas obligaciones de pago por 3,500 millones. Tampoco tuvieron el cuidado de analizar si estaba justificado nuevamente comprometer un monto significativo de recursos públicos de 30 años de administraciones futuras. Y por supuesto que no tuvieron la inquietud de indagar sobre las condiciones de la bursatilización que autorizaron. La bursatilización se contrató a 30 años, nuevamente con amortizaciones crecientes lo que obligaría a futuros gobiernos a pagar más y además la denominación de la deuda fue en UDIS. A diferencia de una deuda en pesos, una deuda denominada en UDIS no solo gana el interés acordado sino que también se incrementa conforme a la inflación. Este último factor ha provocado que en la actualidad el saldo de la deuda por la bursatilización sea mayor al que originalmente se contrató como se verá mas adelante. Al parecer las únicas instituciones que se dieron cuenta del deterioro en las finanzas estatales fueron las calificadoras de deuda. Incluso antes de la bursatilización, el 5 de octubre de 2007 la empresa Standard and Poors bajó por primera vez la calificación de deuda del estado de Michoacán de mxA+ a mxA. La empresa Fitch Ratings hizo lo mismo bajando la calificación de A+ a A. Los elementos de juicio de Fitch para tomar esta determinación fueron claros en su reporte: 1) Incremento sostenido y generalizado del gasto operacional. 2) Perspectivas de endeudamiento elevadas. El Maestro Leonel Godoy Rangel sería el primer gobernador en sufrir las graves consecuencias provocadas por las decisiones financieras de su antecesor. Pero para su fortuna, su administración contaría con un experto para desactivar la bomba de tiempo financiera que había heredado, el extesorero del estado.

 

El primer año de gobierno del maestro Godoy pasó sin mayor actividad en lo referente a la contratación de deuda. Las calificadoras mantuvieron la calificación crediticia del año anterior pero con una perspectiva negativa. El 14 de mayo de 2009 mediante del decreto 98 el Congreso vuelve a comprometer las participaciones federales del estado autorizando la contratación de un nuevo crédito por un monto de hasta $821 millones por un plazo que no excediera el periodo constitucional del ex gobernador Godoy. Este nuevo endeudamiento aunado al continuo deterioro de las finanzas estatales no pasó desapercibidos por las calificadoras de deuda. En agosto de 2009 la calificadora Fitch Ratings decidió nuevamente modificar a la baja la calificación del estado de Michoacán a A-. La calificadora expone como motivos a un alto crecimiento en el gasto operacional (gasto corriente y transferencias no etiquetadas) aunado a: “...Una creciente propensión de la entidad por adquirir financiamiento de corto plazo y la persistencia de altos niveles de pasivos no bancarios desde 2007….” Por su parte Standard & Poors hizo lo propio bajando la calificación del estado el 12 de noviembre del 2009 a mxA-. Al parecer los analistas de las calificadoras fueron de las pocas personas que notaron el abultamiento de la cuenta de “Acreedores Diversos” y los riesgos de permitir al gobierno del estado contratar deuda a corto plazo sin la supervisión del Congreso.

 

Las consecuencias de la flexibilización de la Ley de Deuda Pública se hicieron manifiestas en la cuenta pública del ejercicio 2009. En dicho documento el extesorero daba a conocer un incremento de la deuda pública estatal en 2 mil millones de pesos equivalente a un crecimiento del 76.76% respecto al año anterior. Ese año las finanzas estatales marcaron un récord histórico de deuda bancaria por 4 mil 660 millones de pesos. Lo que no mereció un solo comentario en todo el documento de la cuenta pública fue el incremento de 2,280 millones de la cuenta de pasivos “Acreedores Diversos” que de manera silenciosa dejaba un saldo de 7 mil 400 millones de pesos. Dicha cuenta no solo tuvo un incremento mayor al de la deuda bancaria, sino que además se encontraba dentro de los pasivos a corto plazo que debían ser pagados en menos de un año. La cuenta pública también revelaba una nueva cuenta de pasivo inusual: “Deuda Pública a Mediano Plazo”. En mayo el Congreso había autorizado una contratación de deuda por 821 millones que debían ser pagados antes de finalizar la administración en turno. La interrogante era de donde había salido un monto excedente por aproximadamente 1,200 millones adicionales. Como era de esperarse, la vaga información proporcionada en la cuenta pública no daba indicio alguno del origen de dicha deuda. En  febrero del año siguiente la calificadora Fitch reveló que en diciembre del 2009 el gobierno estatal había contratado un nuevo crédito. A través del decreto legislativo 129, el 4 de diciembre el Congreso autorizó al Gobierno del Estado la contratación de un “financiamiento puente emergente” para hacer frente a sus necesidades de liquidez. Este nuevo financiamiento debería ser pagado en un periodo no mayor a 23 meses, término que vencería el 31 de diciembre de 2011. Otro dato “curioso” fue el sado de la cuenta de orden “Bursatilización 2% sobre nómina” que al 31 de diciembre reflejaba un saldo de 3 mil 812 millones de pesos. A ningún diputado le llamó la atención el efecto de haber contratado una deuda en UDIS. A pesar de que el gobierno había pagado amortizaciones durante un año, el saldo de dicha deuda no solo no disminuyó, sino que incrementó en 312 millones de pesos. La interrogante del destino de los recursos provenientes de la deuda contratada y el incremento en los pasivos a corto y mediano plazo sin justificación alguna no fueron impedimento para que la legislatura aprobará el dictamen de la cuenta pública correspondiente al 2009.

 

El 15 de febrero de 2010 la calificadora Fitch decidió bajar la calificación crediticia de Michoacán a BBB+. Entre otros factores dicha decisión obedeció al sorpresivo endeudamiento de 1,200 millones a finales del año anterior el cual ya se buscaba reestructurar o refinanciar a largo plazo, a la creciente presión por el pago de la deuda y a la persistencia de los altos niveles de pasivos a corto plazo. Es importante resaltar la intención del gobierno del estado por reestructurar un crédito que ni siquiera tenía 2 meses de contratado. Lo anterior cobra particular relevancia considerando las altas comisiones bancarias que estas decisiones representan. Como era de esperarse, la premura con la que se había contratado el crédito por 1,200 millones el año anterior llevaba en marzo al Congreso a autorizar la reestructura correspondiente. De esta forma, mediante el decreto legislativo 189 el Congreso autorizó al Gobierno del Estado a reestructurar dicho financiamiento y a pagar las correspondientes comisiones y honorarios que se generaran.

 

Para tratar de corregir los problemas financieros del estado, el gobierno en turno publicó en el Periódico Oficial del estado un plan de austeridad y disciplina presupuestaria para ejercerse en 2010. En dicho plan se propuso reducir significativamente el gasto corriente por 784 millones y disminuir transferencias por 559 millones adicionales. El 13 de septiembre de 2010 la empresa Standard & Poors baja la calificación del estado de Michoacán a mxBBB+ debido al deterioro de sus finanzas. El reporte de la calificadora detalla que se le ha informado sobre planes de refinanciamiento de la deuda de corto y mediano plazo por un monto de 5,600 millones. Dos días más tarde la misma calificadora emite un reporte bajando la calificación de los tres créditos del estado de Michoacán respaldados por participaciones federales y de la bursatilización del impuesto a la nómina. Lo anterior cobra especial relevancia a la luz de un informe previo emitido por la calificadora Fitch en marzo del mismo año. En dicho análisis la calificadora expone a inversionistas que mediante el decreto 253 aprobado en 2007 el Congreso estableció que la bursatilización no contaría con la garantía del Estado a menos que se disminuyera, derogara, exentara, condonara o dejara de cobrar el impuesto sobre la nómina. Adicionalmente, el reporte explicaba sobre una serie de eventos que podrían afectar el funcionamiento del fideicomiso encargado del pago de la bursatilización. Debido al desconocimiento generalizado de las condiciones particulares de funcionamiento del fideicomiso, la opinión pública ignoraba que en diciembre del año anterior un evento preventivo ya había sido activado. Dicho evento fue causado por la degradación de la calificación de la bursatilización por al menos dos agencias calificadoras. A partir de ese momento, el fideicomiso comenzó a retener la totalidad de la recaudación del impuesto de nómina para alcanzar el 100% de los intereses y capital de las amortizaciones correspondientes a los próximos 6 meses.

 

En la cuenta pública de 2010 el ex tesorero manifiesta que desde septiembre de 2010 se presentó al Congreso una solicitud para reestructurar 4,800 millones de pesos de deuda. Adicionalmente, felicita a los 33 de los 40 diputados que con “visión de largo plazo y de Estado” apoyaron el decreto que permite dicha reestructura. A finales de año, el estado de situación financiera presentado ante el Congreso presentó un rubro nuevo de pasivos. Con la descriptiva definición de “Otros” la secretaría de finanzas incrementó en 4,800 millones las obligaciones de pago del gobierno del estado. Lo anterior es motivo de análisis debido a que la reestructuración no se autorizó sino hasta el 19 de enero del siguiente año. De esta forma, con un incremento del 24% en los pasivos totales del estado para llegar a un máximo histórico de 16,614 millones y un déficit en el ejercicio de 1,800 millones el dictamen de la cuenta pública nuevamente fue aprobado por el Congreso.

El 9 de enero de 2011 el C.P.C. Ricardo Humberto Suárez López es relevado por la C.P. Mireya Guzmán de la secretaria de finanzas del gobierno de Michoacán. El tesorero saliente dejaba un incremento de 1,200% de los pasivos totales del estado, una bursatilización con un saldo de 430 millones adicionales al monto contratado originalmente y un estado al borde de la quiebra. El 19 de enero a través del decreto 306 el Congreso modifica la Ley de Deuda Pública nuevamente pero esta vez para establecer ciertas limitantes. Se mantiene la facultad del Gobierno del Estado para contraer deuda a corto plazo siempre y cuando ésta no se contrate durante los últimos 6 meses previos a que concluya el periodo constitucional ni que su liquidación sea posterior al fin del mismo mandato constitucional. Estas modificaciones parecieron obedecer más a una estrategia electoral que a una legítima preocupación por evitar mayor endeudamiento. La percepción anterior se confirma debido a que el mismo día, mediante el decreto 307, el Congreso autoriza al Gobierno del Estado a realizar la contratación del financiamientos hasta por 4,800 millones por un plazo de 25 años para refinanciar la deuda directa del gobierno estatal. Para garantizar la nueva contratación el Congreso autorizó afectar hasta un 30% las participaciones federales de Michoacán adicionalmente a lo ya comprometido. A pesar de los argumentos de la secretaría de finanzas sobre la ventaja de liberar recursos mediante la reestructuración de la deuda, la calificadora Fitch disminuye nuevamente la calificación de deuda del estado a BBB y hace lo mismo con el resto de los créditos vigentes. En su reporte, la agencia calificadora advierte como el gobierno de Michoacán ha financiado mediante endeudamiento sus balances deficitarios de forma recurrente. En octubre de 2011 Standard & Poors baja la calificación crediticia del estado de Michoacán y advierte una perspectiva negativa. El reporte de la agencia expone algunas inquietudes que vale la pena resaltar. En primer lugar expresa sorpresa sobre el motivo por el cual Michoacán no refinanció el total de su deuda a corto plazo mediante la reestructuración de 4,800 millones. Esto es una clara consecuencia de la falta de control y detalle que el Congreso debió exigir al momento de autorizar el refinanciamiento. La calificadora también critica el agresivo gasto de “inversión” registrado durante el periodo 2009-2011 y sus altos costos operativos. Es importante resaltar que las calificadoras hacen uso de la información que proporciona el Gobierno del Estado para formular sus evaluaciones. En ningún momento las calificadoras cuestionan o auditan el destino de los recursos obtenidos mediante deuda. La secretaría de finanzas durante años manifestó que los recursos de la deuda se orientaron a gasto de inversión y así lo presumieron en las cuentas públicas correspondientes. Sin embargo, la premura con la que fueron contratados muchos de estos créditos refleja más la urgencia de solventar gasto corriente que inversión productiva. Como regalo de despedida, el 8 de diciembre de 2011 la legislatura en turno le confeccionó a la administración saliente su último traje a la medida modificando nuevamente la Ley de Deuda Pública. En dicha reforma, el Congreso modifica la ley permitiéndole al gobierno del Estado ignorar los plazos y requisitos vigentes para la contratación de deuda a corto plazo “cuando se encuentre en riesgo la estabilidad económica y social del Estado”. Como no se estableció a satisfacción de quien se cumpliría dicho criterio, el gobierno del Estado la asumió convenientemente. De esta forma, en unos cuantos días el gobierno contrató bajo las peores condiciones posible dos créditos por un monto de 4,950 millones de pesos. El final del mandato del maestro Leonel Godoy fue marcado por las grandes carencias que un manejo irresponsable de las finanzas públicas había causado. Adeudos millonarios con el sistema de pensiones, con la federación, con proveedores y dificultades para pagar la nómina de los trabajadores de gobierno aparecieron en las noticias locales y nacionales. La verdadera dimensión del problema habría de saberse hasta la próxima administración.  

 

La administración del licenciado Fausto Vallejo inició en medio de lo que puede ser calificado como un verdadero caos financiero. Para corregir el desequilibrio financiero, el gobierno del estado propuso reducir significativamente el gasto corriente y reestructurar pasivos totales. Para tal efecto publicó el 30 de marzo el “Acuerdo Emergente de Austeridad” en el que promete entre otras cosas lograr ahorros del 20% en gasto corriente (incluyendo servicios personales) y reducir el gasto del gobierno en siete mil millones. A pesar de dicha promesa en mayo de este año la agencia Fitch baja por cuarta ocasión la calificación crediticia del Estado de Michoacán y sus créditos y advierte que la bursatilización del impuesto sobre nómina corre el riesgo de ser declarada en incumplimiento. Lo anterior obedece a que dentro de la emisión de los certificados bursátiles se estableció como evento de incumplimiento el que la calificación de la emisión llegara a ser menor hasta en cuatro niveles a la originalmente otorgada y ésta no se incrementaba dentro de los siguientes 12 meses. Si el gobierno del estado no logra incrementar nuevamente la calificación de la bursatilización se podría ver obligado a reintegrar a los acreedores un monto aproximado de 4,000 millones de pesos. En el mes de agosto el despacho González de Aragón entregó los resultados de la auditoría practicada a las finanzas del gobierno anterior. En ella se señalan múltiples irregularidades en la contratación de deuda incurridas en la administración del maestro Leonel Godoy. En el segundo informe trimestral de la actual administración, el nuevo encargado de las finanzas estatales manifiesta que existen operaciones financieras de 2011 que no fueron reconocidas contablemente en los estados financieros del estado. Los efectos de la gran cantidad de omisiones se reflejan en los pasivos totales del estado. La Secretaría de Finanzas refleja en el estado de situación financiera actual pasivos por más de 31 mil millones de pesos. Adicionalmente, el 16 de septiembre el C.P. Luis Miranda Contreras reconoció que a tres meses de que concluya el año solo se han logrado ahorros por tres de los siete mil millones de pesos que se había programado ahorrar. Mientras escribo estas líneas el Congreso discute los dictámenes para reestructurar nuevamente la deuda del estado y tratar de evitar que el gobierno del estado tenga que incumplir con el pago de nómina. La situación financiera de nuestro estado es verdaderamente crítica.

 

Lo que enfrentamos no es un problema exclusivo de un partido político, enfrentamos una carencia de valores generalizada. Los mecanismos de contraloría, transparencia y rendición de cuentas con los que cuenta el gobierno han resultado totalmente ineficaces. El Congreso se ha convertido en un instrumento mas al servicio del poder ejecutivo por motivos que solo podemos especular. Hay mucho que corregir. Mantengo la esperanza que el gobernador Fausto Vallejo junto con la legislatura logre rescatar a nuestro Michoacán. 

 

He sido particularmente cauteloso en proporcionar referencias, fechas y cifras que son públicas y pueden ser corroboradas fácilmente. Los números no mienten. Los que en ocasiones lo hacen, son algunos políticos y funcionarios públicos.