MEXICANOS CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD

Hace unos días el Presidente López Obrador anunció que México envió una nota diplomática a Washington para que explique por qué financia a un grupo que se opone a su Gobierno, conocido como mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), dijo que se presentó la nota diplomática por el apoyo que EU da, a través de la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), por considerarlo “un acto de intervencionismo que viola nuestra soberanía.
Sr. Presidente, es una práctica común, normal y para nada ilegal. En todo el mundo existe la posibilidad que entes, fundaciones y organismos internacionales realicen DONATIVOS en todos los países para estimular ciertos valores o realizar valiosas contribuciones sociales. En nada debe extrañar, por tanto, que el Gobierno norteamericano a través de organismos de altruismo haga aportaciones fuera de sus fronteras para fomentar ciertos valores, esenciales para una democracia.
Difiero totalmente de lo expresado por el Presidente, “MEXICANOS CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD, es una asociación civil sin fines de lucro, comprometida con la consolidación del Estado de Derecho en México a través de una agenda integral dedicada a prevenir, denunciar, sancionar y erradicar la corrupción e impunidad sistémicas que prevalecen en los sistemas público y privado de nuestro país.
Exhibe las principales causas de la corrupción, cuantifica sus costos y consecuencias y propone soluciones. Genera información útil para alentar la rendición de cuentas y denuncia de redes de corrupción. Da seguimiento y evalúa los esfuerzos gubernamentales en la materia. Elabora propuestas de reforma legal, de política pública e institucionales. Impulsa el establecimiento de capítulos regionales o estatales para encauzar los esfuerzos locales en una movilización nacional.
Considero que, sí el Presidente ha enarbolado dentro de su gobierno el combate a la corrupción, debería ver a Mexicanos Contra la Corrupción como un excelente ALIADO, ya que ambos persiguen el mismo fin. Sin embargo, el Presidente arremetió contra la organización y llamó «golpista» a su dirigente . (Sólo un líder militar tendría esta capacidad, no un simple ciudadano que aporta datos, información sustentada profesionalmente).
Para beneplácito de la sociedad, la Segunda Sala de la Suprema Corte emitió el 28 de abril pasado una resolución según expediente 253/2020; por medio de la cual se otorga y reconoce un papel activo al denunciante, no limitando su participación e interés al mero acto de ser informado en cuanto a hechos iniciales y, posteriormente ser excluido de intervenir en la investigación y la eventual decisión, así como al mérito para sujetar, a quien corresponda, al procedimiento disciplinario.
La sociedad organizada puede actuar como una especie de auditor social. La sentencia de la Segunda Sala del 28 de abril abre paso a que la organización que denuncia trasponga los linderos de la ventanilla judicial y pueda acompañar la pesquisa subsecuente del caso en calidad de agraviado directo.
Lo que la Suprema Corte ha decidido es que organizaciones como mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, tengan interés legítimo cumpliendo así uno de los ejes principales y aportaciones del Sistema Nacional Anticorrupción y, en particular, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que es la integración de la participación ciudadana con un papel más activo en el combate de la corrupción y el eficiente desempeño de la función pública.
El criterio implícito de la Segunda Sala es que los delitos de corrupción en agravio del erario público, al final de cuentas son también en agravio de la sociedad y ésta puede presentarse a reclamar justicia no solo como interesada moral, sino como víctima directa y parte legal en el asunto.
El espacio que se abre es enorme: la sociedad organizada puede actuar ahora como una especie de fiscal independiente en los actos de corrupción que ella misma investiga. Un triunfo ciudadano.
En fin, lo resuelto por la Corte es un precedente histórico que deja atrás la vieja concepción de que el propio Gobierno tiene el monopolio del combate a la corrupción. Pues, antes, a pesar de presentarse denuncias en contra de servidores públicos por ciudadanos, la decisión dependía exclusivamente de la propia Secretaría de la Función pública, subordinada al propio Titular del Poder Ejecutivo.
Este nuevo precedente representa un parteaguas para el combate a la corrupción administrativa desde la ciudadanía y potencialmente disminuye la probabilidad de que los casos que se detecten queden impunes. Esperemos que la organización social sea ejemplo para que se constituyan más organizaciones en el país, que tengan como propósito primordial combatir la impunidad y el respeto al Estado de Derecho fortaleciendo así, sin duda la independencia judicial y la división de poderes.