En el mes de septiembre del 2013 publique en mi página de Facebook este artículo que el día de hoy me permito compartir con los amigos de la red, se refería en especial a los retos que enfrentaría el Gobierno en virtud de la reforma energética que había sido presentada ante el Congreso, uno de los argumentos que con mayor insistencia se estuvo haciendo valer en contra, además de la privatización, fue el combate a la corrupción.

“En el diseño de cada una de las reformas que ha presentado el Ejecutivo Federal hay un supuesto tácito: la ausencia de corrupción. Se supone que los responsables de tomar decisiones, los funcionarios que las implementarán, las instituciones que regularán las industrias y las empresas beneficiarias de permisos y contratos actuarán con apego a la ley, cuidando el buen uso del dinero público, sin desviarse del mandato democrático y rindiendo cuentas.

Pero sabemos bien que la corrupción absorbe la vida pública en México. El país no ha mejorado en el Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional. A su vez, Transparencia Mexicana ha documentado que los mexicanos experimentamos la corrupción cotidianamente, a un costo muy alto (calcula que en 2010 se pagaron 32 mil millones de pesos en «mordidas»). Las encuestas muestran que los ciudadanos de este país vemos la corrupción como un mal generalizado entre los funcionarios públicos –según el Barómetro Global de la Corrupción, 71 por ciento piensa que la corrupción aumentó en los últimos dos años. Y los medios de comunicación nos recuerdan cada día que políticos y funcionarios de todos los partidos, en los tres Poderes y en los tres ámbitos de gobierno, realizan actos de corrupción, que estos actos rara vez son investigados y que, cuando lo son, no se castigan, pues siempre queda una grieta para la impunidad.

Para que se generen los empleos prometidos, se fortifique la productividad, la ordenación sea eficaz, la educación mejore, se construyan vías de comunicación modernas y tengamos juicios apegados al estado de derecho, y otros logros importantes, requerimos que los gobiernos actúen con apego a la ley, honestidad, transparencia, responsabilidad política y atención ciudadana.

Pero eso no sucede con las leyes, instituciones y procedimientos anticorrupción que tenemos hoy. Por ello considero que las reformas pueden ser creíbles dependiendo de la capacidad del Estado para prevenir y luchar enérgicamente contra la corrupción.

A la fecha existen algunas disposiciones que se encuentran estancadas en los procesos legislativos, considero deben tramitarse a la brevedad posible y lograr su vigencia inmediata.

En la actualidad y gracias a los resultados dados a conocer por la Auditoria Superior de la Federación y a las leyes e institutos de transparencia, se han obtenido logros importantes, sin embargo, todavía en muchos espacios de acción de los gobiernos la corrupción es frecuente, mercados e industrias donde lo común es el cobro de comisiones y el otorgamiento de favores, e interacciones entre ciudadanos y gobiernos donde la norma es el pago de mordidas, el amiguismo y la opacidad.

La corrupción no se terminará con sanciones y fiscalías, ni con la celebración de compromisos públicos por parte de los funcionarios, sino con política de rendición de cuentas, bastaría simplemente con el cumplimiento de la Ley.

La Ley no puede ser objeto de negociación política por medio de acuerdos cúpulares, no es posible que mediante alianzas se intente darle vuelta o esquivar la aplicación de la ley, sancionar a quien incurra en incumplimiento. Es necesario que los procesos de gestión sean atendidos profesionalmente, es determinante que la sociedad se informe adecuadamente y se decida a participar en forma efectiva.

No es una tarea fácil, lo entendemos, pero sí más satisfactorias, que iniciar una vez más una modificación a las normas que pocos meses después deriven en gestiones inútiles que no modifican actuaciones.

La corrupción ocurre tanto en espacios públicos como privados: desde desviar dinero público, participar en «donaciones», hasta fraudes entre particulares.

Los nuevos modelos de gestión pública suponen la participación de sectores de la sociedad civil interesados en la planeación, discusión y valoración de programas y políticas. Esto fortalecería la confianza, la credibilidad y la transparencia de una CNA (Comisión Nacional Anti Corrupción).”

18 de septiembre del 2013
Lic. Víctor Manuel Tinoco Rubí.