El Acuerdo expedido por el Presidente

El Acuerdo expedido por el Presidente y por el que dispone ordenar a la Fuerza Armada permanente a participar de manera extraordinaria, ( quien va a señalar o decidir qué casos son extraordinarios) regulada, fiscalizada subordinada y complementaria con la Guardia Nacional en las funciones de seguridad pública a cargo de ésta última, durante el tiempo en que dicha institución policial desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, sin que dicha participación exceda de cinco años contados a partir de la entrada en vigor del Decreto.

Esta disposición es simplemente una extensión de la reforma constitucional de 2019 que dio origen a la Guardia Nacional.

El artículo quinto transitorio establece que «durante los cinco años siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el Presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria.»

El problema para mí, consiste en que la participación de las fuerzas armadas en labores de seguridad no se hizo con fundamento en el artículo 29 de la Constitución, que señala con claridad cómo se debe regular la intervención del ejército en casos de perturbación a la paz pública, en colaboración con el poder legislativo.

El acuerdo establece que la supervisión de la actuación se deja a las propias fuerzas armadas vigilarse a sí mismas y no a órganos civiles competentes, independientes y técnicamente capaces como establece el 29 constitucional.

El Ejercito siempre ha solicitado y exigido que se blinde jurídicamente su participación a efecto de cuidar su actuación respetando los Derechos Humanos.

En cuanto a la subordinación al poder civil, hasta la fecha no ha dado buenos resultados, las fuerzas armadas tienen sus propios protocolos y estrategias, ojalá se respeten y los dejen actuar con fundamento en las disposiciones militares. Difícilmente se someterían formalmente a una subordinación civil.

Desde mi punto de vista se requiere, además de la intervención del ejército, mayor fuerza, inteligencia y capacidad de operación para sacar al país de la crisis de inseguridad, difícilmente el ejército podrá hacer en la práctica funciones de policía, por eso precisamente fracaso la Guardia Nacional.

El Gobierno debe cambiar la estrategia y la concepción de cómo combatir a la delincuencia. Se requiere un modelo policial integrado a nivel federal, estatal y municipal, homogéneo, que cuente con manuales de operación comunes, con una formación profesional común, con salarios dignos, con mandos que en todos los niveles estén certificados por una instancia de formación reconocida. La inseguridad puede verse agravada por las consecuencias económicas y sociales de la emergencia sanitaria.

Considero que solo con la coordinación institucional de los tres niveles de gobierno y con la decidida participación de la sociedad, se podrá combatir a la delincuencia y recuperar la paz y tranquilidad que exige la sociedad mexicana.